BILAKETAK

Entrevista política

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Para Paul Rios, coordinador de Lokarri, la declaración del mes pasado del EPPK ha supuesto un paso muy importante y ha añadido que “en cierta medida, el paso dado por el colectivo de presos facilitó la convocatoria” de la masiva manifestación del   pasado 11 de enero en Bilbo. También ha mencionado el último número de la revista  trimestral de FAES, que preside José María Aznar, y en la que se alienta la idea de que ETA podría volver a la actividad armada. Para Ríos se trata de “un discurso que está muy alejado de la realidad”. En relación con ese mensaja de la derecha española y en concreto, preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno del PP inicie un nuevo proceso de ilegalización contra la izquierda abertzale, el portavoz de Lokarri ha subrayado que “la ilegalización es una linea roja que la sociedad vasca no está dispuesta a aceptar”.

El pasado 6 de diciembre de 2012, el grupo antimilitarista de Bilbo (KEM- MOC) realizó una acción noviolenta en la exposición para homenajear al Regimiento Garellano que tenía lugar esos días en el Centro Municipal de Distrito de Basurto y como consecuencia de una denuncia policial, hoy juzgarán a uno de los antimilitaristas que participó en aquella acción. En   concreto, Ignacio Sanz ha sido acusado de atentado contra agentes de la   autoridad y lesiones durante el desarrollo de la acción, por lo que será   juzgado el próximo 21 de enero. La petición fiscal es de 3 años de cárcel y varios miles de euros de multa. Hoy en Kalegorrian hemos hablado con el y nos ha explicado todo lo sucedido auel 6 de diciembre y el porque de su acción noviolenta.

Hoy en Kalegorrian hemos entrevistado a Marina Geli, que es uno de los tres parlamentarios del PSC que la semana pasada rompió la disciplina del partido al votar a favor de pedir al Congreso español que permita la consulta. Una decisión, que en palabras de Geli “es consecuente” con el programa electoral del PSC, porque “fuimos a las urnas diciendo que estábamos a favor de una consulta legal y acordada”. Desde la dirección del partido que dirige Pere Navarro ya han avanzado que podrían expulsar a los tres diputados díscolos del PSC, aunque todavía no hay una decisión al respecto. Para Geli su expulsión sería “un error”, porque “en realidad estarían expulsando a una parte de nuestra base electoral y a muchos cargos municipales que piensan exactamente igual que nosotros”. Según Marina Geli no es descartable una escisión en el seno del PSC, aunque también ha dicho que eso “depende de las decisiones que se tomen en los próximos días” y ha añadido que ella no quiere la escisión “porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”.

Tras el paso dado por el Parlament catalán, al aprobar ayer la proposición de ley   para pedir al Congreso el traspaso de la competencia para convocar referéndums,   esta mañana hemos querido recoger la opinión de Iñigo Iturrate, parlamentario del   PNV y miembro también de la Mesa del Parlamento de Gasteiz. Iturrate ha descrito   la decisión del Parlament catalán como “un intento más de buscar una solución   dialogada para poder ejercer el derecho a decidir en Catalunya” y ha añadido que el   PNV “respeta enormemente el proceso catalán”. A pesar de mirar con satisfacción   el proceso soberanista catalán, el parlamentario jeltzale ha querido insistir en que “la   vía de Euskadi es diferente a la de Catalunya” y ha subrayado que el PNV aboga “por   superar el marco del autogobierno que tiene Euskadi a traves del acuerdo, primero   entre las fuerzas políticas vascas, y luego con un acuerdo con el Estado”.

Gaurtik hasi eta hilaren 31ra arte, Euskal Herriko eskubide sozialen Karta-ren hamabostaldia izanen da Iruñerrian. Horri buruz aritu gara Iñaki Morenorekin. Besteak beste, Euskal Herriko eskubide sozialen Karta osatzen ari den talde eragileko kidea da Moreno.

Hemos hablado con la portavoz de la diputación Foral de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte.Hoy, en las Juntas Generales de Gipuzkoa, se vota la contrareforma fiscal pactada   entre el PNV, el PSE y el PP. Una contrareforma sobre la que hoy, en el programa   Kalegorrian, hemos preguntado a Larraitz Ugarte, portavoz de la Diputación   gipuzcoana. Ugarte ha señalado que “va a suponer una merma de la recaudación de   26 millones de euros” y ha alertado de que como consecuencia de esa rebaja en los   ingresos del ente foral, “en la administración pública vamos a tener menos dinero y   por lo tanto, se va a debilitar el sector público”. Según la portavoz de la Diputación   gipuzcoana, la contrareforma fiscal es especialmente grave porque “va a cargar   más a las rentas más bajas y por contra, a aquellos sectores que tienen muchísima   mayor capacidad económica se les va a exigir menos”. Se trata por lo tanto, de una  contrareforma fiscal, que en opinión de Larraitz Ugarte, “es totalmente regresiva” y   que perjudica a las clases populares en beneficio de los más pudientes.

La Mesa del Parlamento, oída la Junta de Portavoces, acordó ayer convocar para   mañana la Diputación Permanente para debatir una proposición no de ley urgente   presentada por EH Bildu en la que piden que la Cámara «repruebe» la operación   policial desarrollada la pasada semana contra interlocutores del EPPK y se   posicione «en favor del establecimiento de los mínimos democráticos que siguen   sin estar hoy en día en vigor». Para JUanjo Agirrezabala es muy importante que   las instituciones se pocionen claramente en contra de la “vulneración de derechos   humanos” y ha añadido, en relación a la propisición no de ley urgente que se debatirá   mañana en la cámara de Gasteiz, que “el Parlamento de Gasteiz debe rechazar   urgentemente la operación contra el EPPK”.

Esta mañana, una hora antes de que los ocho detenidos acusados de ser los interlocutores externos del EPPK fueran traslñadados a la Audiencia Nacional de Madrid, hemos hablado con Alfonso Zenon, uno de sus abogados de confianza. Según ha criticado Zenon “desde un primer momento los detenidos ya dijeron que sólo iban a declarar ante el juez” y ha añadido que “no entendemos porque no han pasado con más premura ante el juez”. Para el letrado, el hecho de que los detenidos hayan tenido que pasar cinco días en manos de la Guardia Civil “supone una vulneración del derecho a la libertad de cualquier persona”.

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